Un informe elaborado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) se enfocó en los ingresos de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el periodo entre marzo y mayo de los 3 últimos años. Los resultados indicaron que este 2020 se han presentado 2,5 veces más proyectos que el promedio de los 2 años anteriores. El monto de inversión se multiplicó por 7. El informe concluyó que «se está aprovechando un momento de debilidad de la institucionalidad para obtener permisos ambientales con deficitarias evaluaciones, y lo más grave e importante, sin la posibilidad que la ciudadanía o los territorios afectados puedan ejercer sus derechos frente a estas intervenciones».
Sus autores califican como «ingresos abusivos» de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante el reciente periodo de pandemia. Un periodo caracterizado por el Estado de Excepción Constitucional y las políticas y medidas sanitarias que establecen restricciones al normal funcionamiento de funcionarios públicos.
Además de esto, recalcan que en estos tiempos las condiciones que viven las comunidades que pueden ser afectadas por estos proyectos les impiden poder informarse con plenitud y participar en los trámites de estos proyectos. De esta forma se estaría vulnerando su derecho a ejercer la denominada Participación Ciudadana.
El periodo analizado fue entre el 1 de marzo y el 15 de mayo de este 2020. Se incluyeron todos los proyectos ingresados, tanto los que están en admisibilidad y en calificación, es decir admitidos a tramitación.
Se consideraron tanto los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) además de los proyectos regionales e inter-regionales.
El informe excluyó los proyectos ingresados que habían sido desistidos o que no habían sido admitidos a trámite, que habían sido rechazados, revocados, no calificados o que habían sido abandonados.
Los resultados de este informe se expusieron en 2 gráficos. Uno de ellos con la cantidad de proyectos ingresados y otro con la cantidad de monto de inversión (en millones de dólares estadounidenses) que fue declarada por los titulares. Se revisaron para los 3 años ambas variables en el periodo similar.
Gráfico 1: Cantidad total de proyectos ingresados al SEIA, desagregados según EIA o DIA. Mismo periodo 1 de marzo a 15 de mayo, de años 2018, 2019 y 2020
Estos resultados indicaron «un notorio aumento de cantidad de proyectos ingresados al SEIA este 2020, en el periodo estudiado en comparación con los dos años anteriores: De 81 Proyectos el 2018 y 73 Proyectos el 2019, se salta a 195 proyectos este 2020 en periodo de pandemia».
La cantidad de proyectos presentados este 2020 es 2,5 veces mayor a la del promedio de años anteriores.
Para las modalidades de Estudio de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental no se registró una variación significativa en sus proporciones para los 3 años analizados.
Gráfico N°2: Inversión total sumada en US$ millones para el mismo periodo, 1 de marzo a 15 de mayo, de años 2018, 2019 y 2020.
Con respecto al monto de inversión, el informe señala que la brecha es aún más notoria entre los 2 años anteriores y este 2020. «El 2018 el monto fue de US$ 2.617 millones, el 2019 de US$ 2.130 millones y, en cambio, el 2020 la cifra salta a un total de US$ 16.466 millones» consigna el informe.
Según estas cifras, el monto de inversión se multiplicó por 7 en comparación con 2018 y 2019.
El informe indica que «A pesar que las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado, han solicitado públicamente congelar todos los procedimientos, mientras dure el periodo de excepción sanitaria ya que prevén una precaria y deficiente evaluación ambiental que afectará la protección ambiental y los derechos de las comunidades, el gobierno de manera contraria ha incentivado el ingreso de nuevos proyectos al SEIA y especialmente en la modalidad DIA».
El informe concluye que «es posible sospechar que una gran cantidad de proyectos, que incluso con parámetros laxos en tiempos de normalidad habrían tenido que ingresar como EIA, están aprovechando la ventana para hacerlo como DIA. Con esto se está aprovechando un momento de debilidad de la institucionalidad para obtener permisos ambientales con deficitarias evaluaciones, y lo más grave e importante, sin la posibilidad que la ciudadanía o los territorios afectados puedan ejercer sus derechos frente a estas intervenciones».
Junto a esto, desde el OLCA apuntan a que «más allá de que tenemos una institucionalidad ambiental débil y pro-inversión, los empresarios y corporaciones titulares de proyectos, en alianza y confabulación con las más altas autoridades gubernamentales pretenden aprovechar la coyuntura para terminar despojando al SEIA como mecanismo de prevención de los impactos ambientales. Por lo tanto, el intento de eludir niveles de evaluación ambiental un poco más exigentes, como podría ser la vía EIA, o de disfrazar el fraccionamiento de proyectos mayores por la vía de las DIA, se está en plena consolidación al permitir e incentivar esta verdadera avalancha de proyectos que claramente supera la capacidad de procesamiento del sistema en condiciones de pandemia, generando un forado de dimensiones desastrosas que se verán materializada en los próximos meses y años».
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Fuente: Resumen