Más de 70 organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria enviaron una carta al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, solicitando que se deje en libertad a todas las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta social.
Esto, ante el peligro, para sus vidas, del COVID19 y “teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no cuenta con antecedentes penales y todos/as gozan del principio de inocencia”.
La misiva fue enviada también al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín y al Ministro de Salud, Jaime Mañalich; entre otras autoridades;
Señalan que “la aplicación masiva de la privación de libertad a las personas que han salido a manifestarse en contra del sistema político/económico imperante en Chile, desde octubre de 2019, ha sido desproporcionada” y que la prisión de 2.500 niños/as, adolescente, y adultos “se ha convertido en un castigo anticipado, sin juicio, ni pruebas, lo cual ya es injusto en sí”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), manifestó:
«Hemos firmado esta petición porque en estos momentos sus vidas y la salud de los presos políticos corren peligro” agregando que “las miles de personas que fueron detenidas hicieron uso de su derecho a movilizarse antes las injusticias y la impotencia de que no se escuchen las demandas de este pueblo tan golpeado”.
José Miguel Guzmán, director ejecutivo del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), organizacion que ha dado atención a cientos de ex presos políticos, señala:
«Todas estas detenciones demuestran que el Estado no ha querido escuchar las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la manifestación pública ya que, las personas que han participado de las protestas sociales y han sido encarceladas, “están siendo castigadas con este tipo de medidas”.
“Lo que hemos visto también, por nuestro trabajo de salud mental y derechos humanos, es una afectación no sólo a los que están hoy privados de libertad, en condiciones carcelarias muy graves, que vulnera su situación de salud física como mental, sino que también afecta a sus familias. Ponen nuevamente a las familias en una situacion de vulneracion, incertidumbre, sin poder resolver una situación que es de tremenda injusticia”, agrega Guzmán.
Para la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza, la liberación de los presos políticos obedece a razones de justicia y humanitarias:
“A la gran mayoría, los tribunales les han aplicado la medida cautelar de privación de libertad, la más extrema de todas, la más severa de todas”.
Entre los detenidos, denuncia la abogada, hay unos 180 menores de edad encarcelados y, a todos, “no se les respeta el principio de inocencia” y “con pocas pruebas, los tribunales los tienen en prisión, en juicios que se han ido eternizando. Toda esta situación de injusticia se ve agravada por el riesgo a su integridad física por el tema del Coronavirus”.
Jose Miguel Guzman, agrega:
“Nos parece impresentable, a estas alturas de la historia del pais, recintos que fueron centros de detencion y tortura, como fue 3 y 4 Álamos, de desaparicion de personas, durante la dictadura, hoy día sigan siendo centro de detencion para los nuevos jovenes. Los jóvenes de esta generación víctimas también del maltrato, del abuso y la tortura del Estado chileno”.
“Es urgente poner término a la privación de libertad de toda las personas que han sido formalizadas y acusadas; en pocos casos con pruebas concretas en contra de ellos. Hay que terminar con las criminalización que existe en Chile y reivindicar los derechos humanos”, finaliza la abogada Alejandra Arriaza.
La carta por la libertad de los presos políticos ha sido firmada por las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos, la Red de sitios de Memoria, la Fundación Víctor Jara, la Comisión Ética Contra la Tortura, Comisión Chilena de Derechos Humanos, CODEPU, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, entre otras. También por organizaciones de EEUU como SOAWatch, Alliance For Global Justice, Denver Justice and Peace Committee, y Solidarity Chile-Chicago; y por profesionales, intelectuales, y defensores de derechos humanos de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Francia, Suecia, Bélgica y Estados Unidos.
Entre los firmantes, figuran Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de Paraguay; los historiadores Sergio Grez y Jorge Magasich; Alvaro Ramis, Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano; los abogados de derechos humanos Alberto Espinoza y Roberto Garretón; y Adrián Ramírez López, presidente de Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; entre otros.
Anteriormente, Amnistía Internacional (AI) señaló:
“Las autoridades chilenas deben acelerar la aplicación de medidas que reduzcan el hacinamiento carcelario, así como proveer todos los servicios esenciales para evitar casos de personas con COVID-19 en las cárceles del país”.
En el mismo contexto, demandó:
«La liberación de todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la asamblea pacífica, así como revisar inmediatamente todas las medidas de prisión preventiva actualmente vigentes».
“La estrategia de criminalización de la protesta social aplicada por las autoridades durante los últimos meses mantiene tras las rejas a cientos de personas por delitos menores, lo cual agrava las ya precarias condiciones del sistema penitenciario chileno, poniendo a miles de personas en riesgo», dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de AI Chile.
Finalmente, cabe agregar que en Chile siguen en prisión una treintena de presos políticos mapuche y unos 15 presos políticos detenidos antes del 18 de octubre de 2019.
La carta finaliza con la exigencia de “Libertad para todos los presos políticos en Chile”.
Fuente: Resumen Latinoamericano