Gran contingente de militares y carabineros fueron enviados la semana pasada a Putaendo ante movilizaciones de la comunidad, en un hecho inédito de amedrentamiento y represión en la pequeña localidad de la región del Valparaíso. La población movilizada se opone a la Compañía Minera Vizcachitas Holding (CMVH) que busca la prospección del yacimiento minero de cobre y molibdeno "Vizcachitas".
El 20 de abril de 2020 la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó el polémico proyecto minero que mantiene a la población movilizada. El 25 y 26 de abril se realizaron 2 movilizaciones y el gobierno envió militares y carabineros.
Vecinos y vecinas del pequeño pueblo de 20.000 habitantes en donde viven en su mayoría adultos mayores y comunidad campesina denunciaron con fotos en redes sociales la creciente militarización durante los días sábado y domingo de la semana pasada.
Una marcha y luego una caravana en automóviles, ademas de actos públicos contra la minera fueron las acciones que llevaron al gobierno de Piñera a enviar tal contingente de efectivos para la represión.
El medio local Putaendo Libre informó que «En un hecho sin precedentes para nuestra comuna, hoy domingo 26 de abril Carabineros y Fuerzas Armadas sitiaron totalmente nuestra apacible comunidad para defender los intereses del proyecto minero Vizcachitas Holding, es que en día de ayer el pueblo tomando todos los resguardos salió a marchar por la vida y para que no se instale la minera en el lecho de nuestro río».
En conversación con Resumen Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) destacó «el nivel de conciencia de la comunidad, que a pesar del tiempo de restricciones, de medidas de aislamiento, distanciamiento físico, de estado de excepción, ante un abuso del gobierno de aprobar ambientalmente un proyecto de 350 sondajes de exploración avanzada, decide salir a movilizarse, a marchar, con medidas de seguridad comunitaria ante el riesgo de contagio».
Además Cuenca agregó que «el gobierno usa la Pandemia para seguir con su agenda de inversiones extractivistas, y usa el estado de excepción para reprimir e intimidar a la población de Putaendo, militarizando la comuna».
El medio El Ciudadano consignó en un reciente reportaje cómo el proyecto minero lleva años en conflicto con la comunidad con una inversión estimada de 25 millones de dólares, lo cual ha puesto en alerta a la población que teme la contaminación de su ambiente, así como la agudización de la escasez hídrica en la zona.
La movilización de Putaendo es otra expresión más del estallido socioambiental que vive Chile hace años y que se ha manifestado con una serie de protestas en diversos territorios como Chiloé, Quintero-Puchuncaví y Freirina, entre muchas otras que se han levantado contra las empresas que llevan adelante la política extractivista del Estado chileno. Estas políticas han fortalecido al principalmente al negocio agroindustrial, la pesca industrial, el negocio forestal y la gran minería en desmedro de las comunidades y la estabilidad de los ecosistemas locales.