Ese jueves, el Ministerio Público, en voz del Fiscal Nacional Jorge Abbott, confirmó que la Fiscal Ximena Chong llevará a adelante la investigación sobre la presunta colusión y cohecho en las licitaciones de apoyo en el combate aéreo contra incendios forestales de las empresas españolas contratadas y arrendadas por CONAF y la ONEMI desde el año 2011 hasta la fecha.
Se trata de tres empresas españolas que actualmente están siendo investigada por cohecho y fraude en un bullado caso en España. Estas son: Faasa, Inaer y Martínez Ridau.
El hecho en Chile, se dio a conocer la noche del miércoles tras la emisión de un reportaje en el noticiero central de Mega, denominado “El Cartel del Fuego”. En el mismo, se daba a conocer las acusaciones de colusión, tráfico de influencias, sobornos y cohecho internacional, entre otros delitos, que han llevado a que la justicia española investigara a fondo a estas tres empresas; Faasa, Inaer y Martínez Vidau, para descubrir cómo llegaban a ganar varios concursos públicos. Las mismas empresas tienen similares contratos a los investigados en España, en países como Portugal, Italia y también Chile.
El “Modus Operandi” de las tres empresas sería el siguiente: Previo a presentarse a las licitaciones que los distintos gobiernos abren, estas empresas se ponen de acuerdo, dos de ellas ofrecen montos altos y la otra uno mucho menor pero igualmente alto, de modo que se adjudicaban a todo evento la licitación. Aquello además sería posible debido a que manejarían información privilegiada -previo a las licitaciones- y a que ofrecen flotas de aviones o helicóptero que no tienen, pero que son facilitadas entre ellas mismas para cumplir lo señalado en los contratos, por lo menos en el papel. Además, según la investigación que sigue su curso en España, los directivos de las empresas otorgaban regalos y coimas a autoridades para asegurar y obtener preferencia en las licitaciones.
Tras la emisión del reportaje, este jueves el Director de la Conaf, Aarón Cavieres, llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para entregar antecedentes sobre las licitaciones en clara reacción a lo publicado anoche en el reportaje. Según Cavieres, la Conaf está llana a entregar todos los antecedentes pero que no estaba en sus facultades la revisión de los contratos, además, ante la serie de cuestionamientos a su gestión, este señaló que está dispuesto a ayudar en la investigación.
Breve historia de las empresas cuestionadas en Chile
Las empresas investigadas, comenzaron a operar en el sector público chileno en el año 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera, todo esto a través de Conaf. Entre las tres empresas se repartieron las regiones del centro sur del país para el combate de incendios forestales en la modalidad de contratos de arriendos. Esta modalidad, a modo de ejemplo, señalaba las horas de trabajo en el combate de IF y señalaba un precio de horas extras si estos se extendían en su trabajo. En Chile, por cada hora extra, el Estado debe desembolsar 1 millón 800 mil pesos adicionales por hora. Este último punto es importante, porque en España se identificó que aquello generaba un “incentivo perverso”, pues señala que entre más dure el combate contra un Incendio Forestal, más gana la empresa licitada, por lo que se procedió a modificarse en varias regiones de España.
En el 2014, Faasa se adjudica la región del Maule por 353 millones de pesos, Por su parte, la región de La Araucanía y Valparaíso sector A y Valparaíso sector B, es adjudicada por la empresa Calquín por mil millones de pesos al año. Tras la licitación, Faasa absorbe y compra a la empresa Calquín, y se queda con su contrato, solo informando a la DGAC y a la Conaf quienes no pusieron objeciones.
El 2015 Conaf decidió hacer contrataciones directas (sin licitación) y contrató a la empresa Martínez Ridau, a pesar de que en el sector para la que fue contratada, ya estaba la empresa Calquín (en Valparaíso).
Es en este contexto que hoy se anunciaron investigaciones y revisión de los contratos por parte de los estamentos institucionales (Conaf y Onemi) y la justicia (Ministerio Público y la FNE). A pesar de aquello, las empresas siguen operando en Chile y, por contrato, tienen hoy las licitaciones del combate de incendios forestales en 5 regiones de Chile.